Cuando la enfermedad aparece sin el apoyo de una red familiar, las personas en situación de movilidad humana deben afrontar la enfermedad en soledad e incertidumbre, mientras que lugares como la Casa de los Milagros de Cáritas Diocesana de Huelva las acompañan en su recuperación y cuidan de ellas.

Cada 7 de abril, Día Mundial de la Salud, la idea de que la salud es un derecho universal vuelve al centro de las preocupaciones. Sin embargo, cuando este derecho se contempla a través del prisma del exilio, su significado se vuelve más complejo y, en muchos casos, más frágil. Porque la salud no empieza en el hospital ni termina con un tratamiento. Comienza mucho antes, en las condiciones que permiten recuperarse: tener un lugar donde descansar, alguien que te acompañe o una red que te sostenga. Cuando todo eso falta, enfermar deja de ser un episodio puntual para convertirse en una experiencia de vulnerabilidad muy grave.

En Huelva, esta realidad se vive a diario en la Casa Santa María de los Milagros, un proyecto impulsado por Cáritas Diocesana de Huelva que acoge a personas enfermas sin hogar, muchas de ellas migrantes, para que puedan recuperarse en condiciones dignas. Allí, la salud se entiende de forma integral, como un proceso que implica no solo tratamiento médico, sino también cuidados cotidianos, estabilidad y acompañamiento. «Lo que queremos es ofrecer los cuidados que cualquier persona recibiría en su casa, con su familia», explica Juana Redondo, técnica de la casa. Su afirmación encierra, en realidad, una carencia estructural: quienes llegan a este hogar lo hacen, precisamente, porque no tienen ni vivienda ni familia cerca.

Esta ausencia se hace especialmente visible en historias como la de Carmen Elena Busuioc, una mujer de 42 años originaria de Rumanía que lleva más de cinco meses en el hogar recuperándose de un cáncer de mama. Aunque vive en España desde hace quince años, la enfermedad la dejó totalmente desprotegida. «Me encontré sin casa, sin comida, sin dinero, sin nada», relata. Su experiencia pone de manifiesto una diferencia fundamental entre enfermar en el propio país o en el extranjero, lejos del hogar: la red de apoyo. «Aquí no tengo a nadie… mi familia no está conmigo», explica. A diferencia de quienes pueden contar con un entorno que les sostiene en los momentos más difíciles, muchas personas migrantes atraviesan la enfermedad en soledad. «Si has nacido aquí, tienes un techo, apoyo… para nosotros es mucho más difícil», resume.

Aunque el sistema sanitario español garantiza la atención médica, la experiencia cotidiana muestra que el acceso real a la salud no depende únicamente de ese derecho formal. «La atención médica está garantizada, incluso para las personas en situación administrativa irregular», explica Juana Redondo. Sin embargo, la experiencia real muestra otra cara del sistema. Existen barreras menos visibles que condicionan profundamente los procesos de curación. La lengua es una de ellas. Como señala Juana, los profesionales sanitarios explican los diagnósticos y los tratamientos, pero no siempre de una manera accesible para quienes no dominan el idioma. Esta dificultad, sumada al desconocimiento del funcionamiento del sistema —los tiempos de espera, los circuitos médicos, la importancia del seguimiento—, hace que muchas personas no comprendan plenamente su itinerario de salud. Las consecuencias son notables: citas perdidas, tratamientos interrumpidos o medicamentos mal administrados. A ello se añade un factor determinante que rara vez se tiene en cuenta en consulta: las condiciones de vida. Es difícil seguir una dieta, descansar o cumplir ciertas indicaciones médicas cuando no se dispone de una vivienda estable para hacerlo. Según el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, el 15,9 % de la población andaluza ha tenido que renunciar a comprar medicamentos, seguir tratamientos o respetar dietas por motivos económicos. Entre la población extranjera no comunitaria, esta cifra asciende al 22,2 %.

Las desigualdades se agravan aún más en el nivel de acceso al propio sistema sanitario: mientras que en el conjunto de Andalucía solo el 1,1 % de la población no está cubierta, ese porcentaje se eleva al 7,6 % entre los extranjeros de fuera de la Unión Europea. Datos que muestran que, aunque el derecho exista, no siempre se traduce en una posibilidad real.

La situación se agrava especialmente cuando la enfermedad se combina conel sinhogarismo.«Hay muchas personas enfermas que terminan en la calle», advierte Juana. En este contexto, la curación se vuelve prácticamente imposible. Sin un lugar donde descansar, sin acceso a una alimentación adecuada o sin medios para acudir a las consultas médicas, la enfermedad no solo persiste, sino que empeora. Es ahí donde la Casa Santa María de los Milagros cobra toda su importancia, al ofrecer algo tan fundamental como imprescindible: un lugar donde estar, detenerse y sanar.

Pero los cuidados que se prestan en esta casa van más allá de lo material. En el día a día, el acompañamiento emocional desempeña un papel fundamental. Carmen María Serrano, voluntaria desde hace un año y medio, describe cómo su labor comienza mucho antes de lo que podría pensarse. Llega antes de su turno para compartir la cena con las personas acogidas, conversar con ellas y escuchar sus historias. No se trata solo de estar presente, sino de crear un espacio de confianza y cercanía. «Muchas veces nos convertimos un poco en una familia», explica. En un entorno donde la red afectiva falta, este acompañamiento cotidiano se convierte en un pilar esencial del proceso de recuperación.

La experiencia de Oumar Diabaté, de 43 años, originario de Mali y residente en España en situación administrativa regular, aporta otra dimensión clave a la relación entre salud y migración: la imposibilidad de parar. Tras sufrir un accidente de moto en su país, que le dañó gravemente la pierna, regresó a España —donde trabajaba desde 2010 en el sector agrícola— con la intención de retomar su vida. Intentó tratarse la pierna en Bamako, pero la única solución que le ofrecieron fue amputársela. Asustado, regresó, sufriendo, a España para retomar su vida. Sin embargo, el dolor y la lesión se lo impidieron. Aun así, su primera reacción fue intentar trabajar. «Si no trabajas, ¿cómo comes?», pregunta, revelando una lógica marcada por la supervivencia. Durante más de un año y ocho meses, esperó una operación, desplazándose constantemente entre Lepe y Huelva, mientras vivía en condiciones precarias, durmiendo en el salón de un amigo. «He sufrido mucho», recuerda.

Su llegada a la Casa de los Milagros supuso un giro decisivo para su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, encontró cierta estabilidad. «Aquí no me faltaba de nada: comida, alojamiento y personas que me apoyaban», explica. Además, el acompañamiento facilitó el seguimiento de su tratamiento médico, algo que hasta entonces había sido difícil de mantener. Sin embargo, incluso en este entorno protegido, la presión por tener que trabajar no desaparece. Oumar tiene tres hijos y una mujer en Mali, y su tranquilidad depende, en gran medida, de los ingresos que pueda enviarles. «Si tienes familia, sufres una presión muy fuerte para no dejar de trabajar», afirma. Esta urgencia caracteriza la experiencia de muchas personas migrantes, que se ven obligadas a priorizar el trabajo incluso estando enfermas, poniendo así en riesgo su propia recuperación.

Además de estas dificultades materiales, la enfermedad tiene también un impacto emocional profundo. La distancia con la familia, la preocupación constante y la imposibilidad de acompañar a los seres queridos generan un agotamiento difícil de gestionar. Como explica Juana, esta carga se vive de manera especialmente intensa entre las mujeres, que a menudo asumen el peso emocional de los cuidados, incluso a distancia.

En este contexto, el acceso a la salud de las personas migrantes ha vuelto al centro del debate político en España. En los últimos días, el partido de extrema derecha Vox ha presentado propuestas destinadas a restringir el acceso a la atención sanitaria de las personas en situación administrativa irregular, planteando limitar su acceso a determinados servicios. Estas posiciones han llevado al Partido Popular a reabrir un debate que parecía cerrado desde la recuperación del modelo de sanidad universal. Frente a ello, las organizaciones sociales y los profesionales del ámbito sanitario advierten que limitar el acceso constituye no solo una vulneración del derecho a la salud, sino que también tiene consecuencias en términos de salud pública y cohesión social, al excluir del sistema a personas que también enferman, necesitan atención y forman parte de la sociedad.

La Casa Santa María de los Milagros se presenta así como un ejemplo concreto de lo que implica un enfoque integral de la salud. Sin embargo, su existencia también pone de manifiesto una carencia estructural: la falta de recursos específicos para las personas enfermas sin hogar. A pesar de su recorrido, el proyecto no encaja fácilmente en las categorías de financiación pública, lo que evidencia un desfase entre las necesidades reales y las respuestas institucionales.

Las historias que atraviesan esta casa recuerdan que el derecho a la salud no está garantizado únicamente por la atención médica. Requiere condiciones materiales, acompañamiento y estabilidad. En un contexto marcado por la movilidad humana —también en Huelva, donde miles de migrantes forman parte del día a día, sostienen sectores clave y construyen, junto al resto de la ciudadanía, el relato común de nuestros pueblos y barrios—, repensar la salud desde esta perspectiva se convierte en una cuestión urgente. Porque, como muestran estas experiencias, curar no es solo tratar, sino hacerlo en un lugar donde la dignidad esté protegida.

Este artículo ha sido elaborado por Peña Monje, responsable de comunicación, de Cáritas Diocesana de Huelva, en España.