Las migraciones son un componente estructural de las sociedades contemporáneas, pero el camino hacia una vida segura y autónoma sigue estando plagado de obstáculos. Esta es la perspectiva de la XXXV edición del Informe sobre Inmigración de Cáritas Italiana y la Fundación Migrantes —«Límites y fronteras»—, presentado en Roma el 19 de octubre de 2026, en la Pontificia Universidad Urbaniana. El tema de las «fronteras» trasciende los límites geográficos: también se refiere al acceso a la protección, al trabajo regular, a unos ingresos suficientes, a la vivienda, a la educación y a la participación social.

Presentación del informe de 2026 «Límites y fronteras», Roma, 19 de octubre de 2026.

En el mundo hay unos 304 millones de migrantes internacionales, el doble que en 1990. El ACNUR estima que 117,8 millones de personas se ven obligadas a huir: el 70 % de los refugiados vive en países limítrofes con los de origen y el 68 % en países de renta baja o media. Mientras tanto, las rutas hacia Europa siguen cobrándose vidas: desde principios de 2026, solo en el Mediterráneo central se han registrado más de 1 600 víctimas; más de 35 000 desde 2014. Por un viaje, los traficantes pueden pedir entre 7 500 y 18 000 euros. Ante estas cifras, el informe destaca la necesidad de reforzar las vías regulares de entrada y la información independiente en los países de origen y de tránsito, garantizando la asistencia y el acceso oportuno a los procedimientos de protección.

También en Italia, la presencia de migrantes forma ya parte de la estructura demográfica y económica. A 1 de enero de 2026, se estima que los ciudadanos extranjeros residentes ascienden a 5 559 527, lo que equivale al 9,4 % de la población. En un año aumentan en unas 188 000 personas, mientras que los ciudadanos italianos disminuyen en unas 189 000. En 2024 se registraron 217 448 casos de adquisición de la nacionalidad italiana, de los cuales casi el 40 % correspondió a personas de entre cero y veinte años. Sin embargo, la estabilización no es automática: también crece la población extranjera de edad avanzada, con 381 209 residentes mayores de 65 años, el 6,9 % del total, casi el doble que diez años antes. Por lo tanto, se necesitan vías de residencia regular y políticas capaces de incluir a las personas migrantes también en el acceso a la atención sanitaria y a la asistencia a largo plazo.

La brecha entre la contribución económica y la calidad de las condiciones de vida se pone de manifiesto especialmente en el ámbito laboral. Los extranjeros representan el 10,7 % de los ocupados; en 2025, los 2,6 millones de trabajadores extranjeros habrían generado 196 000 millones de euros de valor añadido, lo que equivale al 9,7 % del PIB italiano, según las estimaciones de la Fundación Leone Moressa. En 2023, los contribuyentes nacidos en el extranjero declararon 80 400 millones de euros y pagaron 11 600 millones de euros en concepto de IRPEF. Sin embargo, el 29 % de los trabajadores extranjeros desempeña trabajos no cualificados, frente al 8 % de los italianos; la diferencia salarial media es del 10,6 %, con picos del 19 % en las grandes empresas. Entre los usuarios extranjeros de los Centros de Atención de Cáritas, en 2025 los trabajadores en situación de pobreza representan el 29,4 %, frente al 17,4 % de los italianos.

Las cifras revelan, por tanto, una contradicción: se contribuye a la riqueza del país, pero no siempre se obtienen autonomía y derechos efectivos. El informe propone valorizar las cualificaciones y competencias, combatir la discriminación y la sobrecualificación, e intervenir en el mecanismo obsoleto e ineficaz del Decreto de Flujos. En los sectores agrícolas y estacionales, la protección debe ir más allá de la emergencia e incluir un alojamiento digno, transporte, servicios sanitarios accesibles y acompañamiento personalizado.

La vivienda es otra frontera decisiva. La renta media declarada por los contribuyentes extranjeros ronda los 17 000 euros anuales y aproximadamente el 60 % de los recursos disponibles se destina a cubrir las necesidades básicas. Más de un tercio de los ciudadanos no comunitarios vive en viviendas superpobladas, frente a aproximadamente el 14 % de los ciudadanos italianos. Por ello, el informe insta a integrar las políticas laborales con las de vivienda, aumentando la oferta de viviendas dignas y accesibles y combatiendo la grave exclusión en materia de vivienda.

El panorama de los servicios de Cáritas confirma la presión sobre las personas más vulnerables: en 2025, de las 282 539 personas atendidas por los servicios informatizados, 150 272 eran extranjeras, lo que supone el 56,4 %. En las zonas fronterizas, los problemas se agudizan: los relacionados con el empleo afectan al 61,5 % de los extranjeros, frente al 44,7 % en las demás diócesis; la grave exclusión en materia de vivienda alcanza el 34,5 %, frente al 27,8 %.

También la escuela y la universidad son lugares en los que se decide si la presencia se convierte en participación. En veinte años, el porcentaje de centros escolares sin alumnos de nacionalidad no italiana ha descendido del 43,1 % al 15,5 %, pero persisten las diferencias en el rendimiento académico y un mayor riesgo de abandono escolar. En el curso 2024/2025, los estudiantes internacionales representaban el 5,4 % de los matriculados en la universidad; los costes y los obstáculos administrativos, sanitarios y de vivienda pueden dificultar el acceso y la permanencia.

El informe recomienda formar al profesorado en materia de interculturalidad y didáctica inclusiva, reforzar el italiano como segunda lengua y eliminar las barreras que limitan el acceso a los servicios y al alojamiento universitario.

El hilo conductor que une estos datos es claro: las vulnerabilidades se acumulan. Una situación de estatus incierto, un empleo irregular, unos ingresos bajos y una vivienda inaccesible se refuerzan mutuamente. El reto no consiste solo en reconocer los derechos sobre el papel, sino en hacerlos viables mediante políticas coordinadas, servicios territoriales y acompañamiento. La frontera, en definitiva, no termina en el límite territorial: puede convertirse en una barrera cotidiana. Eliminarla significa transformar la presencia migratoria en seguridad, autonomía y plena ciudadanía social.

Por Manuela De Marco